Es práctica común, cuando acaba una promoción de estudiantes universitarios, nombrar a un padrino o madrina al que agasajan y homenajean, por su carisma, cercanía a los estudiantes, su capacidad intelectual, facilidad en la transmisión de conocimientos, etc. La próxima promoción de periodistas debería nombrar madrina a Dª Carmen Calvo, porque mira que da juego esta señora vicepresidenta y, últimamente, portavoz del gobierno. Sus innumerables frases lapidarias son de todos conocidas y la han hecho merecidamente famosa. La defensa del cambio de opinión de Pedro Sánchez sobre el delito de rebelión pasará a los anales del cinismo político. Pero dejémoslo ahí.
Vivimos en un estado de derecho, nos dicen todos, garantista, insisten, definido como un modelo normativo de derecho o un esquema que asegura los derechos frente al poder y establece límites a éste. También nos dicen que la ley, y sus beneficios, es igual para todos. Pero parece ser que cuando algunos recurren a éstos la cosa molesta, se enfadan, especialmente la señora Calvo que ha tomado el tema como algo personal, y definen la situación como una actitud de obstaculización constante de la familia del dictador a la aplicación de una ley, y por tanto a la democracia española. Y es que cuando se hacen las cosas mal , aparte de dividir de nuevo a la población, reverdecer otra vez la tragedia, etc. lo mínimo que puedes esperar es tener problemas, porque no puedes hacer una ley a medida para amparar tus intenciones sin valorar las posibles contraindicaciones, cuando hay leyes consolidadas que no aplicas para no molestar. Han empezado la casa por el tejado, de acuerdo con su talante revanchista y, en lugar de pactar primero con la familia, ceder cada uno hasta llegar a un acuerdo y después hacer pública la noticia, lo anuncian a bombo y platillo y reculan una y otra vez hasta crear una situación trágico cómica que nos tenían que haber evitado. Han enfrentado a la sociedad, a la Iglesia, a los jueces… De momento el Supremo les ha dicho que menos prisas.
Ya conocen mi posición respecto a la exhumación, pero no entiendo que no pueda ser enterrado en La Almudena, porque hubiera sido la solución al problema y estaríamos hablando de cosas más importantes como sacar de una vez de las cunetas a los fusilados, reponer su memoria y zanjar el asunto. El Gobierno esgrime que los restos han de estar donde no puedan producirse situaciones de enaltecimientos ni homenajes, aludiendo a la ley de Memoria Histórica, aunque huele más a querer aplicar la pena de destierro, y que hay un acuerdo con la Iglesia para que no sea en La Almudena, afirmación que fue desmentida urgentemente por el Vaticano. Siguen confundiendo lo público de lo privado, y quieren gobernar también en la Iglesia. Y si se entierra en El Pardo, ¿se podrán permitir estas situaciones? ¿En El Pardo no rige la citada ley? ¿Allí no llega la cobertura?
El Supremo tiene la palabra. La parte de la exhumación creo que la tendrá clara. Lo de La Almudena tengo mis dudas. Esperemos que esto último no contamine todo el proceso y nos pasemos la legislatura viendo cómo siguen rentabilizando el tema.
Este comentario fue publicado en el diario La Verdad, de Murcia, el 11-6-19
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