Recordarán que desde distintas autonomías se pedía al Gobierno incorporar parados a las labores agrícolas por falta de mano de obra por la imposibilidad de venir temporeros de fuera, cifrando las pérdidas en millones de euros al no poder recolectar.
Después de decisiones encontradas entre los ministros de Agricultura y Trabajo, uno poniendo en marcha un plan para movilizar trabajadores y otra flexibilizando las condiciones para cobrar el paro con 20 peonadas, la cosa quedó diluida en el deseo.
Debido a la pandemia y la mala gestión – por no cerrar el país a tiempo a los de fuera nos encerraron cien días a los de dentro y ahora por abrir pronto nos volverán a confinar – miles de personas se han visto afectadas por el parón en la actividad, pasando a engrosar las listas del paro, aumentando los casos de pobreza y la demanda de artículos de primera necesidad. El Gobierno se ha propuesto no dejar a nadie atrás, que está muy bien, pero en vez de fomentar el trabajo en las actividades que demandan mano de obra, se inventa una paga de subsistencia para que si estabas buscando trabajo se te quite de la cabeza.
Me comentan desde una empresa agrícola, que da trabajo a cientos de trabajadores, y fuentes sindicales lo confirman, que tuvieron que suprimir rutas de autobuses donde subían españoles porque al quinto día no había ninguno en las paradas. Por eso una paga sí, pero así no. No a cambio de nada. Si la prestación equivale al 30% de los salarios normales, los beneficiarios, que pasarían a ser “funcionarios civiles del Estado sin oposición”, deberían trabajar el 30% de los días de una jornada laboral normal, cogiendo fruta de temporada evitando que vengan de otras zonas (algunos de ellos repartiendo el virus por todo el país), limpiando márgenes de caminos invadidos por hierbas que llegan a tapar las señales de tráfico, acompañando a personas que viven solas, sacando a la calle a discapacitados que dependen de ayuda para poder salir, reforzando la limpieza en jardines, fumigando zonas donde abunda el mosquito tigre, creando una bolsa de trabajo a la que los pequeños agricultores pudieran acudir para pequeñas intervenciones en sus huertos de uno o dos días, regularizando así ese tipo de empleo, limpiando huertos abandonados germen de plagas e incendios, a parte de la sensación de desidia que produce verlos, cuyo coste se pasaría al dueño o se repercutiría en el IBI del año siguiente, y cientos de posibilidades más que, seguro, se encuentran.
Esta ayuda ya existía y existe en las Comunidades Autónomas: la Renta Básica de Inserción. Una prestación vinculada a un proyecto de inserción y a un compromiso de las personas a la búsqueda de empleo, aceptar un trabajo, hacer cursos, …
Pero la renta mínima vital no es una contraprestación sino un derecho subjetivo, como la Seguridad Social o la Dependencia. Derecho que ya existía en Europa, (aunque con otros controles y otros compromisos), pactado antes de la formación del Gobierno, puesto en marcha con prisas, todavía en estado de alarma, sin un Reglamento que prevea la casuística.
Se empieza a tramitar el 15 de junio. Se habilita un teléfono que nadie te coge. El 25 se abren las oficinas de la Seguridad Social a las que puedes ir con cita previa: 20 días de demora, colas en el INE, etc. Incluso te recomiendan solicitar la prestación por sede electrónica, con DNI electrónico, una medida sencilla y al alcance de la población que requiere esta ayuda.
Si por el camino encuentras trabajo, lo dices y una parte de lo cobrado te lo deducen de la prestación. Qué candidez.
Más trabajo y menos caridad. No lo digo yo. Lo pedían los sevillanos de las tres mil viviendas al Rey.
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