Restaba importancia a la memorización de las fechas en las que se producían algunos acontecimientos históricos: 711, 1.212, 1.492, 1.789, etc., porque sólo eran la culminación de un proceso que había empezado años, incluso siglos, antes. Lo representaba en la pizarra trazando dos líneas horizontales paralelas unidas en diagonal formando dos cuñas, dando a entender que un proceso iba desapareciendo en el tiempo mientras que otro empezaba a crecer hasta llegar a su plenitud. Socialista convencida, la catedrática M.T. Pérez Picazo nos transmitía que lo importante no era lo que ocurría en esa fecha, sino todo lo anterior que la hizo posible. La ley 52/2007 (Zapatero) reconoce y amplía derechos y se establecen medidas a favor de los que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Error de salida pues no se puede entender 1.936 sin mirar atrás. Una tercera parte de su articulado está destinada a mejorar la ley 5/1979 (Suárez) que no limitaba su cobertura a un periodo de tiempo tan estricto (Artículo 1.4), otros cuatro artículos hablan de localización y reconocimiento de víctimas (han pasado 11 años y poco se ha hecho), el decimoquinto de la retirada de símbolos, aplicado a demanda según encuestas y con alguna que otra confusión pintoresca y llegamos al decimosexto, específico para el Valle de los Caídos, que en su punto uno viene a decir que se regirá como cualquier lugar de culto o cementerio público, y en su punto dos dice “En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo”.
Al amparo de una mala lectura de este artículo, de un informe del comité de expertos de 2.011 que lo primero que dice es que las intervenciones en el Valle estuvieran regidas por los más amplios consensos políticos y parlamentarios (no veo la amplitud con 172 a favor 164 abstenciones y 2 en contra en el Congreso y si hubiera pasado por el Senado 111 a favor y 154 abstenciones) , de un requerimiento de Naciones Unidas para que España dé cuentas de las medidas adoptadas en materia de memoria histórica y regeneración democrática (las mismas Naciones Unidas que lleva 40 años diciéndole que arregle el tema saharaui y no hace caso) y del sentir mayoritario de la sociedad española (por más que consulto el CIS no veo preocupación por el tema), se añade al artículo 16 un punto tres que viene a decir que sólo podrán yacer allí los fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil. Con esta redacción, Primo de Rivera se les escapa. Dentro de unos años, cuando interese volver a remover el tema, añadirán un punto cuatro para que las heridas no cierren y esto de la reconciliación no acabe nunca. Da la impresión que estos chicos no quieren que el tema de las dos Españas termine.
Yo veo bien que Franco no siga allí. El Valle es de los “Caídos”, y él no lo fue. Pero no entiendo el modo, las prisas, los cabos sueltos. Porque están en sacarlo de allí, pero ¿dónde va a ser enterrado? ¿Será un lugar público o privado? ¿Sagrado o profano? ¿Se impedirá que se convierta en lugar de peregrinación y exaltación? ¡Dónde quedaría la libertad de expresión! ¿Se conseguirá que su tumba no sea profanada por graciosos no necesariamente republicanos? La Sexta TV ya ha dado muestras de esta nueva etapa de paz y justicia, esperanza y reconciliación que han abierto. Esperemos que los pasos que aún quedan por dar se den con la cabeza y no con las tripas.
Este comentario fue publicado en el diario La Verdad, de Murcia, el 28-9-2.018
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