Si es usted aficionado al fútbol sabe que al Madrid no le pita un árbitro madrileño, ni al Barcelona uno catalán, ni a Argentina uno argentino y así sucesivamente. Los Comités Técnicos de Árbitros cuidan que así sea, para evitar suspicacias o tentaciones. Además, un club puede recusar al que haya manifestado ser simpatizante de algún equipo rival, pese a ser profesionales de reconocido prestigio por su neutralidad y saber hacer.
Los “Comités Técnicos de Políticos” (Congreso, Senado y Gobierno), por el contrario, procuran nombrar a los árbitros constitucionales entre miembros de su mismo equipo, para que, llegado el caso, se pronuncien con su misma “sensibilidad”. Ya se habla abiertamente del sector progresista y del conservador, y si unos dicen sí los otros dicen no, lo que invalida su existencia.
Es preocupante escuchar en las tertulias sobre el interés del Gobierno actual en colocar a dos miembros progresistas, que alterarían las mayorías, para que las decisiones que se tomen en lo sucesivo les sean propicias. Hay que cuidar este tipo de comentarios, que deberían ser objeto de estudio y sanción si procediera, pues das a entender a la audiencia que como miembros del Constitucional prevaricarán al llegar al Tribunal. Feo asunto, y si es cierto, peor todavía.
En mayo de 2018 en esta misma sección, comentaba la necesidad de revisar el Código Penal, al alza, claro, y lo chocante que me resultaba el que una norma fuese o no constitucional por 7 votos a favor y 5 en contra, incluso con 6 a favor y 6 en contra, añado ahora. Insisto: nada debería ser considerado constitucional hasta que la votación sea unánime. Hasta entonces, las leyes y los procedimientos deberían ser declarados inconstitucionales y devueltos al emisor para su rectificación.
Que se ralentizarían los procesos, pues que legislen mejor.
Este comentario se publicó en el diario La Verdad, de Murcia, el 26-12-22
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